En esta ocasión envío el Documento ‘Sobredosis carcelaria y política de drogas en América Latina’ escrito por Sergio Chaparro Hernández y por Catalina Pérez Correa.
 
     Se trata de un documento de CEDD (Colectivo de Estudio Drogas y Derecho) y de DeJusticia (Derecho, Justicia y Sociedad) publicado en 2017.
 
     El Informen es el resultado del trabajo realizado por el CEDD para analizar en profundidad la situación carcelaria en los países de la región latinoamericana. Pero también incluye recomendaciones y sugerencias.
 
     La libertad, según el informe, es uno de los derechos más importantes para el ser humano. Por ello, el poder que tienen los Estados de privar a las personas de este derecho debe ejercerse de manera proporcional y solo como último recurso, una vez que otros han sido probados y han fallado. Dada la gravedad que implica la imposición de penas de prisión, es necesario asegurar un equilibrio entre el deber del Estado de garantizar la seguridad pública y sancionar ofensas graves, por un lado, y la obligación de respetar los principios básicos del derecho penal, así como los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, por otro. Los Estados deben, además, reconocer que no toda conducta reprochable necesita ser sancionada penalmente, y que no toda sanción penal es sinónimo de encarcelamiento.
     La “guerra contra las drogas”, desplegada en las últimas décadas, sin embargo, ha generado una enorme distorsión en los sistemas penales, en el uso del poder punitivo de los Estados y de la cárcel en todo el mundo, particularmente en las Américas (esto es cierto para casi toda América Latina y Estados Unidos). Esto ha llevado a una escalada punitiva, en la que los sistemas penales imponen penas privativas de la libertad sumamente altas y desproporcionadas para sancionar toda clase de conductas relacionadas con drogas –desde la siembra hasta la posesión, e incluso el consumo–. A su vez, ello ha contribuido a agravar la crisis de los sistemas penitenciarios de la región. Aunque dicha crisis se explica, entre otros factores, por un uso excesivo e irracional del derecho penal en distintos campos, las políticas de drogas en América Latina explican una parte importante del
abuso de este recurso.
De manera discursiva, los gobiernos en América Latina han aceptado los efectos negativos de las políticas de drogas basadas en respuestas netamente punitivas. En diversas declaraciones en instancias como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), los países de la región han hecho un llamado a implementar respuestas menos punitivas, basadas en un enfoque de salud pública, de desarrollo y derechos humanos, y a buscar alternativas al encarcelamiento para delitos menores de drogas (Unasur, 2016; Celac, 2016).
     En relación con el consumo, en su informe sobre drogas en las Américas, la OEA (2013) ha subrayado la necesidad de entenderlo “como una cuestión de salud pública”, y de “alentar la experimentación con modelos de regulación legal de ciertas drogas”. No obstante, el presente estudio muestra que la implementación de alternativas al encarcelamiento para delitos menores de drogas ha sido incipiente, y las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente punitivas y represivas, abordando el fenómeno del consumo de drogas de uso ilícito a través de instituciones penales. Incluso, el Colectivo de Estudios Drogas y Derechos (CEDD) (2014) mostró que aún en los países en los que el consumo no es un delito, la criminalización hacia las personas usuarias de drogas ilícitas persiste en la práctica.
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Resumen elaborado por Javier Martín.